Producto local en instituciones públicas

Como se acordarán, hace unos meses, nos desayunamos la prensa con el escándalo, breve pero

intenso, de la aparición de trazas de ADN de caballo en diferentes elaborados cárnicos como la

lasaña, albóndigas, etc. y si bien ya nos hemos olvidado de semejante escándalo, no conviene

dejar en el baúl del olvido, que en el fondo de todo aquello estaban las martingalas que utilizaban

determinadas empresas cárnicas que, usando y reusando la subcontrata, en sus procesos de trabajo

se llegaba a la situación en la que nadie era capaz de controlar la calidad de la última empresa

subcontratada.

La cadena de subcontrataciones era tan larga y tan dispersa que detrás de una lasaña comercializada

por una famosa multinacional se encontraba un producto que había pasado por 5 empresas, cada una

de ellas de un padre y madre diferentes, de países diferentes y en consecuencia, con legislaciones

higiénico-sanitarias diferentes y con un seguimiento de su calidad, imposible de efectuar.

Pues bien, tras el escándalo caballar, la Unión Europea adoptó una serie de decisiones y una de ellas

era suscitar el debate sobre la introducción de un etiquetado obligatorio del origen de las carrnes en

los productos transformado y recientemente, más concretamente, el 17 de diciembre, la comisión

europea publicó su evaluación de los costes que supondría la aplicación de esta medida.

El Informe de la Comisión contempla tres posibles alternativas para el etiquetado de origen para la

carne utilizada como ingrediente en función de tres posibles escenarios como son el mantenimiento

del status quo, mantener el etiquetado de origen de forma voluntaria; la introducción del etiquetado

obligatorio indicando si es o no de la UE o por último, introducir el etiquetado obligatorio que

indique el Estado miembro de la UE específico o el tercer país específico.



Los principales resultados del informe revelan que el interés del consumidor en el etiquetado de

origen para la carne utilizada como ingrediente parece ser considerablemente elevado, incluso

alcanzando el 90% de los consumidores. Por otra parte se recoge que el interés del consumidor

por el origen está por detrás de su interés por el precio y por la calidad en el ranking de factores

importantes que influyen en la elección del consumidor y finalmente, no menos importante, que

el gran interés de los consumidores en el etiquetado de origen no se refleja en la disposición del

consumidor a pagar el coste adicional que éste puede suponer, incluso se llega a decir que si el

precio aumentara en un 10%, el interés del consumidor en el etiquetado de origen podría reducirse

al 60-80%.

Osea, el mismo consumidor que defiende la necesidad del etiquetado obligatorio del origen de la

carne, por otra parte, se olvida de dicho criterio cuando su aplicación le supone meter la mano en la

cartera y en esos casos, ya no le parecen tan importantes los beneficios intrínsecos que presuponía

al etiquetado en cuanto que ello, el etiquetado, le valía para filtrar sus compras de carne y productos

cárnicos elaborados en función de la confianza que le suscitase el país de origen.

En sentido contrario, o al menos, para combatir este comportamiento bipolar del consumidor

y teniendo en cuenta que el epicentro de la bomba caballar fue la industria cárnica francesa, el

Gobierno francés ha elaborado un proyecto de ley de consumo que recoge la obligatoriedad de

indicar el país de origen de las carnes para los platos preparados y consecuentemente, ha sido el país

más crítico ante los resultados del Informe de la comisión, defendiendo, cómo no, la obligatoriedad.

Igualmente, el pasado 13 de Noviembre, tres ministerios galos del ejecutivo Hollande han

impulsado un plan supraministerial que integra un conjunto de iniciativas para fomentar el uso

de los productos de proximidad en la restauración colectiva (hospitales, guarderías, residencias

geriátricas, etc.) fijando en un 40% como meta para el horizonte del año 2017.

Esta iniciativa gala pone los dientes largos al conjunto del sector primario vasco puesto que en

este campo Euskadi no ha hecho apenas nada y por lo tanto, tranquilamente podemos afirmar que,

tenemos todo por hacer y que el futuro está por ganar.

La Diputación gipuzkoana cuenta con un mandato unánime de las Juntas Generales para presentar

en el plazo de 6 meses, creo que no andará lejos ya su cumplimiento, un plan para impulsar el uso

del producto agrario local en las áreas e instituciones de su competencia (residencias, albergues,

etc.). Veremos en que acaba.

De otras instituciones poco puedo hablar por desconocimiento. El Gobierno Vasco tiene mucho

campo de actuación y las otras dos diputaciones también por lo que no me queda más que

despedirme confiando en una pronta y eficaz reorientación de su modo de actuación, empezando

desde los ayuntamientos y diputaciones hasta el propio Gobierno y el Parlamento Vasco.

Finalizo, llevando la sardina a mi ascua, ahora que entramos en plena temporada del txotx,

reivindicando el uso más producto agrario local (carne, queso, nueces, etc.) en las sidrerías porque

en muchos casos, la supuesta txapela vasca que se le supone a toda sidrería, no alcanza a tapar el

mapa tan amplio y extenso que necesitaríamos para señalar el origen de sus txuletas, de su queso o

nueces.