KANPOLIBREAN.Los miedos del Ministro

LA reforma de la PAC y su aplicación en el Estado español sigue avanzando, pasito a pasito, con la celebración de diferentes grupos de trabajo que abordan cuestiones que quedaron pendientes en la Conferencia Sectorial de julio.

Una de las cuestiones principales, tal y como decía en una ocasión anterior, son los criterios que deben exigirse para poder ser perceptor de ayudas. Europa definió la lista negra de empresas que no pueden ser beneficiarios de ayudas (aeropuertos, campos de golf, etc.) y posteriormente son los estados miembros los que tienen la potestad de ampliar esa lista.

En el caso español, el Ministerio y las comunidades autónomas hacen caso omiso a la unánime petición del conjunto del sector para dejar fuera de la lista de perceptores a las propias administraciones. Los políticos son muy exigentes con sus subordinados pero muy complacientes consigo mismos y, por ello, por unos años más, las hectáreas correspondientes a los gobiernos autónomos y al resto de administraciones públicas podrán seguir llevándose sus buenos dineritos. No están no, las arcas públicas como para renunciar ni a un solo euro.

Por otra parte, el Ministerio, siguiendo su máxima lampedusiana de "poner todo patas arriba para que todo siga como antes", ha diseñado un sistema de regionalización productiva consistente en un mapa con unas 300 comarcas (una sola comarca en el caso de Gipuzkoa y Bizkaia y, unas seis en el caso de Araba) que, a su vez, se aúnan en unas 40 regiones, homogéneas en su importe medio por hectárea pero pudiendo ser totalmente heterogéneas en orientación productiva. O sea, todo un alarde de ingeniería burocrática que lo único que logra es que la aplicación de la reforma sea totalmente inteligible para los afectados.

Eso sí, Cañete es un político avezado, listo como él solo y es consciente de que cuantos más criterios de profesionalidad, dedicación, régimen de cotización, etc. exija para poder ser perceptor, es mayor el número de los actuales perceptores que se quedan fuera del próximo reparto y que la exclusión de miles de perceptores puede tener su consiguiente reacción electoral en feudos como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, etc. No descubro nada si digo que, al igual que las arcas públicas andan diezmadas de fondos, las expectativas electorales populares tampoco andan sobradas de fuerzas y, por ello, no es momento de enfadar aún más al personal, muchos de ellos jubilados, achuchados por el copago, la reforma de pensiones, etc.

Con este propósito electoral en mente, el Ministerio ha filtrado un informe según el cual la obligación de ser cotizante del régimen agrario de la Seguridad Social (autónomos de la rama agraria) como requisito para ser beneficiario de ayuda dejaría fuera al 85% de los actuales perceptores de ayudas del Estado y el 75% en Euskadi y que, aquí está la trampa, su hectáreas también perderían la posibilidad de acoger ayudas. Es decir, el Ministerio pretende atemorizar al colectivo sugiriendo que las ayudas por hectárea correspondientes a las tierras de los que se quedasen fuera por incumplimiento de los nuevos requisitos se perderían automáticamente con la exclusión de sus titulares.

Obvian, por no decir nada más gordo, que al menos en Euskadi existen 10.000 perceptores de ayudas de los que unos 2.500 son cotizantes del régimen agrario pero que en total existen un total de 7.000 baserritarras cotizantes que bien pudieran ser beneficiarios de ayudas al ser considerados agricultor activo y pertenecer a subsectores como la hortícola, viña, etc. que hasta ahora estaban fuera del pago único. Quizás me equivoque en mis apreciaciones. Estoy dispuesto a corregir públicamente, eso sí, si alguien me demuestra que estoy equivocado. Tiempo al tiempo.

No quisiera, por otra parte, finalizar mi escrito sin comentar las buenas vibraciones que pululan por el departamento agrario de Lakua tras la reunión celebrada la semana pasada entre Arantza Tapia y Miguel Arias Cañete. El ministro ha debido mostrar un talante abierto y moderado que posibilite a Lakua implementar sus propias políticas en cuestiones del segundo pilar de la PAC (jóvenes, formación, agroindustria, ayudas agroambientales, desarrollo rural, etc.) a través de la aprobación de un marco nacional, amplio, flexible y sin demasiada concreción que posibilite, a quien quiera y pueda, desarrollar una política activa en estos campos. Aquí también, tiempo al tiempo.