Mojarse hasta las cachas

 

El invierno, en mi caso, comienza todos los años con dos “acontecimientos”; por una parte, a primeros del mes de Noviembre, cuando la familia Segurola del caserío Elosiaga de Azpeitia pasa con su rebaño por delante de nuestra casa en su viaje de retorno a casa tras haber pasado el verano, que no veraneo, en los pastos montanos de Aralar donde, aquí va mi píldora publicitaria, elabora un sabroso queso cuyo nombre, Beltzulegi, hace honor a la txabola de la sierra.

El segundo acontecimiento es la alubiada en el Restaurante Arregi de Berastegi donde la familia del mismo nombre nos agasaja con unas alubias de Tolosa, riquísimas, acompañadas de los sacramentos (morcilla, chorizo, etc.), no apta para veganos, que redondeamos, al menos en mi caso, con la mejora tarta de queso del mundo mundial.

Como verán, como buen vasco, mi calendario anual viene jalonado de acontecimientos y eventos, muchos de ellos, ligados con el sector primario y la gastronomía.

Por cierto hablando de buenos vascos, no quisiera dejar escapar la ocasión para dar un pequeño apunte sobre la noticia política del siglo por estas latitudes, algo histórico como diría aquel, que no es otra que el acuerdo presupuestario entre el Gobierno Vasco (PNV-PSOE) y EHBILDU. Un acuerdo nada ordinario entre las dos principales fuerzas del país (PNV y EHBILDU) que pelean a cara de perro todos los temas y en todas las instituciones y, repasando el texto del acuerdo, me ha llamado la atención, no sorprendido, que EHBILDU no haya planteado entre sus prioridades ninguna relativa al sector primario. Nada sorprendente, por otra parte, si tenemos en cuenta la calculadora de Arnaldo.

La escasa relevancia del sector primario en la sociedad moderna y por extensión, en los medios de comunicación, tiene su reflejo, mejor dicho su falta de reflejo, en la clamorosa ausencia de información en todos los medios, sin excepción, sobre la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, una ley que es trascendental para el sector productor pero que, además, incide directa y notablemente en las relaciones comerciales que se dan entre todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción, pasando por la transformación hasta la comercialización.

La reforma de la Ley de la cadena, impulsada en el año 2013 por el popular Miguel Arias Cañete, ha supuesto la introducción de importantes novedades, más allá de la transposición de la Directiva europea 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales, que ya teníamos que haber traspuesto para el mes de mayo, pero aún así, parece que esta Ley no ha concitado el interés de la gente, por cierto, más preocupada por su puente y por su viaje a París o a esquiar en el Pirineo.

Como decía, la reforma que D. Luis, el ministro, presentó en la Carrera de San Jerónimo a inicios del 2020 con el fin de apaciguar los ánimos de los agricultores movilizados por las carreteras, contiene muchas cuestiones positivas para poder hacer de la actual cadena alimentaria algo mejor, más justa, transparente y equilibrada. Eso sí, todas las cuestiones son teóricamente válidas pero requerirán del impulso y compromiso gubernamental si no, una vez más, hablaremos de una Ley que no es más que papel mojado.

La reforma incluye, como decía, muchas cuestiones positivas, pero para no marearles, me centraré en, a mí entender, las dos cuestiones centrales, la prohibición expresa de la venta a pérdidas y la obligación de que los contratos agroalimentarios (obligatorios desde el año 2013) deberán cubrir el coste efectivo de producción.

En la primera de ellas, la prohibición de la venta a pérdidas, cuestión que afecta a las transacciones comerciales que se dan a lo largo y ancho de la cadena, ningún eslabón podrá vender al siguiente eslabón por debajo del precio adquirido al eslabón previo y además, enlazando con la segunda cuestión, en el contrato agroalimentario obligatorio que la industria o primer comprador debe cumplimentar con el productor, deberá garantizarse que se cubren los costes efectivos de producción para cuyo cálculo se tomarán unas referencias claras y objetivas.

Algo obvio y sencillo de entender pero, como imaginarán, difícil de llevar a la práctica, dado que en primer lugar, se debe fijar cuáles son las entidades, organismos o instituciones encargadas de hacer los análisis de costes que serán adoptados como referencias válidas y oficiales por todas las partes y en segundo lugar, esas referencias deberán ser incluidas en los contratos agroalimentarios, recuerdo que son obligatorios desde la ley de Cañete, para así, de esta forma, evidenciar si el precio abonado cubre o no, los costes efectivos de producción.

Llegados a este punto y consciente de que repito lo afirmado en ocasiones anteriores, creo que el sector productor debiera ser más ambicioso y demandar que, además de cubrir los costes de producción, en los contratos se incluya, obligatoriamente, una clausula de beneficio agropecuario, a semejanza del beneficio industrial habitual en otros sectores económicos, para asegurar que más allá de cubrir los costes, cuestión harto difícil en estos momentos, lograr un pequeño porcentaje con el que ir acometiendo inversiones de mantenimiento o mejora en nuestras explotaciones y otro tipo de gastos que se presentan en nuestras familias.

Finalizo, como decía, la Ley de Cadena Alimentaria será un papel mojado más si el Gobierno Central no engrasa e impulsa su maquinaria bien para fijar las referencias de costes y PVPs y si la Agencia de la Cadena, AICA, no actúa de oficio, sin esperar a que sean los agricultores quienes presenten las denuncias por abusos de poder en el seno de la cadena. Ahora bien, para ello, es imprescindible que D. Luis, se desvista el traje de bienquedao y se moje hasta las cachas en favor del eslabón más vulnerable, tal y como le gusta reconocer en sus declaraciones públicas.

Xabier Iraola Agirrezabala