KANPOLIBREAN.Dar la espalda a los profesionales

EL verano bajó la persiana el pasado sábado y actualmente nos encontramos con el campo atrasado por una lluviosa primavera y un verano raro que ha retrasado la maduración del fruto y a consecuencia de ello, se han atrasado las fechas para la vendimia de la uva y la recolección de la manzana para sidra. Así, inmersos ya en época otoñal, volvemos a fijar nuestra mirada en la fiscalidad y en la PAC.

La cuestión fiscal es uno de los grandes temas incluidos en el acuerdo entre PNV y PSE y en lo que al sector concierne, dichos partidos proponen la eliminación del sistema de módulos y la creación de un nuevo régimen de estimación directa para el conjunto del sector primario, entendiéndose por ello, el sector agrario y pesquero.

La desaparición de los módulos es una mala noticia para el sector agrario y supondrá, más que previsiblemente, una mayor presión fiscal para los pequeños bolsillos de nuestros baserritarras que observan como los socialistas, deseosos de ordeñar aún más la vaca, se han impuesto frente a los que abogaban por limitar el sistema de módulos para el sector primario y transportistas. En las negociaciones se suele saber cómo y donde está cada uno de los contendientes al inicio de la batalla pero, si bien es difícil de prever en qué va a acabar la historia, podemos afirmar que el partido jeltzale se ha dejado arrastrar por la cantinela progresista que equipara los módulos con el fraude. ¡Más quisieran los baserritarras formar parte de esas inmensas bolsas de fraude a las que, sin saberlo, al parecer pertenecen!

En las próximas semanas veremos en que acaba este culebrón fiscal y si el acuerdo entre los dos partidos se amplía a algún otro partido y si son capaces de aplicarlo en los tres territorios forales en aras a lograr la dichosa armonización fiscal.

En el apartado de la PAC, los grupos de trabajo previstos en la Conferencia Sectorial de principios de verano han echado a andar y llama la atención el posicionamiento de las diferentes comunidades autónomas en un asunto tan importante como es la definición de "agricultor activo".

Ante las incesantes y justificadas críticas por la admisión como perceptores de ayudas a entidades como aeropuertos, campos de golf, grandes terratenientes, etc. la Comisión Europea abogó por limitar las ayudas a aquellas personas o sociedades que cumpliesen con unos condicionantes mínimos por los que se les pudiese considerar como agricultor activo si bien dejó en manos de los estados miembros la competencia de estrechar el cerco aumentando los requisitos de profesionalidad.

Todos, sin excepción, al menos teóricamente, claman por que los fondos vayan a manos de los agricultores, de los profesionales de la tierra pero, cuando hay que posicionarse, clara y públicamente, cuando hay que poner negro sobre blanco lo que se entiende sobre profesional del campo, observamos que muchos responsables políticos dan un pasito para atrás y alegando injustificables razones, pretenden dejar que las ayudas sigan fluyendo a los bolsillos de un montón de gente para los que la actividad es nula o cuando menos, manifiestamente minoritaria.

Los representantes de los diferentes gobiernos autónomos en los grupos de trabajo han dado la espalda a los profesionales del campo y salvo excepciones, entre ellas Euskadi, los gobiernos autónomos han preferido atender a la rentabilidad electoral de sus feudos rurales que a la rentabilidad de los pocos agricultores profesionales que quedan a pie de campo.

En Euskadi, como botón de muestra, según recoge el FEGA en su Informe sobre la aplicación del régimen de Pago Único en España en el año 2012, existen 10.331 perceptores de fondos que percibe un total de aproximadamente 40 millones de euros. En caso de que dichos fondos se mantuviesen en ese nivel y el requisito para poder percibir las ayudas fuese el de cumplir los condicionantes que la legislación contempla como Agricultor Profesional, aproximadamente, la mitad de los perceptores se quedarían sin derecho a percibir ayudas. ¿Se atreverán? ¿y, en España, qué decidirán el resto de gobiernos autonómicos?

No creo ser adivino pero mucho me temo que, dado que estas decisiones se aplicarán en el año 2015, la coincidencia con las elecciones municipales frustará la esperanza de los profesionales.