Septiembre: PAC y fiscalidad

Tras el descanso estival el mes de septiembre llega cargado de asuntos importantes para el agro vasco dado que en próximas fechas se comenzarán a dilucidar dos cuestiones vitales para su futuro; por una parte, la cuestión fiscal y en segundo lugar, no por ello menos importante, las negociaciones sobre la aplicación de la PAC en el estado español.

Con respecto al segundo tema, la aplicación de la PAC, el portazo dado por el Ministerio a la aplicación regional en función de sus competencias plenas en materia agrícola presagia un otoño caliente entre ambas administraciones.

El Gobierno Vasco luchará panza arriba para que el escaso margen de maniobra que permite el primer pilar (ayudas acopladas, zonas de montaña, etc) sea decidido desde aquí pero es el segundo pilar, con la particularidad de la cofinanciación, donde Madrid no pinta nada y donde Lakua se juega el ser o no ser, el fuero sobre el huevo como diría aquel, peleando para que Madrid no haga oídos sordos a las exigencias de subsidiariedad que ellos sí reclamaban a Bruselas para el estado español.

La información que surge, aquí y allá, denota un fuerte afán recentralizador por parte del Ministerio que, además de por su ideario político centralista, no se fía un pelo de la capacidad gestora de las autonomías y por ello, haciendo pagar a justos por pecadores, ha diseñado un plan de Desarrollo Rural nacional, complementado de un Marco de Desarrollo Rural, amplio y concreto, donde los gobiernos autonómicos pasan a ser meras ventanillas regionales y los consejeros, auxiliares administrativos del jefe Cañete.

Cañete quiere una única política agraria para todo el estado sin caer en la cuenta, ¡y mira que es listo el tío!, que ni la orografía, climatología, el entorno y costes laborales, los precios del suelo, el uso de la tierra, la convivencia y/o competencia con otros sectores económicos evidencian que, de facto, somos totalmente diferentes de otras comunidades y que por ello, lógicamente, debemos tener capacidad política para adaptar la política agraria a nuestra realidad socio-económica. Por ello, ¿cómo se puede llegar a plantear, entre otras muchas cuestiones, que la política de incorporación de jóvenes de Euskadi debe ser la misma que la de Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia?

Al menos, debiera plantearse, un PDR Nacional breve, un Marco breve y flexible para luego ser complementado con un modelo de PDR regional extrapolable a todas aquellas comunidades que quieran adherirse al mismo y permitiendo que las Comunidades de raíz foral, Euskadi y Navarra, cuenten con su propio PDR.

No puede ser lo que el Ministerio quiere y por ello nuestros políticos deben luchar para que Cañete atienda las demandas del conjunto del sector, administraciones y sector productor, pero para ello, en primer lugar es necesario que todos y cada uno de los agentes políticos y sociales se posicionen ante la sociedad vasca y aclaren, de una vez por todas, qué es lo que están dispuestos a defender ante el Gobierno Central.

Septiembre, igualmente, será el mes en el que veremos algo de luz sobre las negociaciones en materia fiscal que están manteniendo entre los diferentes partidos políticos pero, principalmente, entre PNV y PSE.

La cuestión fiscal es compleja y muy extensa por lo que se atisba bastante complejo el acuerdo entre ambos partidos que, a la postre, requieren del acuerdo de una tercera fuerza política para sacar adelante sus acuerdos en los tres territorios históricos.

Paralelamente, los agentes sociales del agro guipuzcoano mantienen un proceso negociador con la Diputación Foral que se encuentra sumido en un cierto impass vista la incapacidad del equipo foral en atender las demandas de los representantes de los baserritarras y en diseñar una política fiscal útil para el sector agrario pero, muy especialmente, para la parte más profesional del campo.

En ambos casos, el sistema de tributación por módulos o bien tiene los días contados (en el acuerdo PNV-PSE) o bien es tan limitado que expulsa a los baserritarras profesionales (Bildu) por lo que, en estos momentos, los representantes de los baserritarras andan centrados en diseñar, dentro de la tributación por estimación directa, un régimen especial agrario que tenga en cuenta las especificidades y características socio-económicas y laborales del sector.

Por cierto, un sector, el agrario, que todos los partidos reconocen como estratégico pero donde cabe subrayar la actuación de algunos recién llegados al poder que, al igual que en el tema de los peajes de las carreteras guipuzcoanas, han ejecutado un viraje tan espectacular en materia sectorial con respecto a sus planteamientos históricos que han logrado despistar hasta a los suyos.