La placa de la Diputación

Mi mujer y amigos están advertidos que yo no me voy de este mundo sin cumplir los 100 años para así poder ser enterrado con mi merecida placa conmemorativa que suele dar la Diputación. Lo que empezó siendo un chiste entre amigos y familiares va cogiendo visos de realidad y tanto es así que ya he llegado a la mitad del trayecto y por lo tanto, debo ir preparándome para el ansiado momento.

No obstante, cada vez que me alegro al imaginar lo guapo que estaré en mi caja, repeinado, con el traje de domingo y con mi plaquita entre mis dedos, siempre tiene que haber alguien que me fastidie el día y así, últimamente, son muchos quienes pretenden amargarme mi momentico recordándome las penurias que vamos a pasar nuestros últimos años con la reducción de las pensiones y lo crudo que lo tendremos si no ahorramos un poco más para complementar, privadamente, la recortada pensión pública.

Muchos de estos gafes, aunque no lo digan públicamente y aparezcan anunciados como expertos “neutrales” de la materia, lisa y llanamente, son portavoces de agentes, entidades y demás corporaciones directa e importantemente interesadas que contratemos un plan de pensiones pero convendrán conmigo que son amplia mayoría los que no pueden contratar este tipo de complementos porque no tienen dónde rascar y por ello, estos últimos deberán consolarse con la generosidad de nuestra ministra Bañez que ha anunciado, como si fuese el recopón de la baraja, la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social con un incremento de, ¡agárrense que viene curva!, un 0,25% para este 2018 que puede suponer unos 2 euros con lo que, ¡no se vayan a quejar!, da para comprar una hamburguesa en McDonalds por 1,50 euros (omito mis calificativos sobre esta promoción) y además, le sobran otros 50 céntimos para caprichitos, porque, hasta los pobres tenemos derecho a darnos un caprichito.

Dejando la ironía a un lado me gustaría abordar la cuestión de los mayores-pensionistas-jubilados en el sector primario y lo digo, ironías aparte, porque en España, según un informe del FEGA, hay un 38,78% de los perceptores de ayudas directas de la PAC que son mayores de 65 años (36,47% en Euskadi y un 47,73% en Nafarroa), es decir, son oficialmente jubilados aunque la realidad del campo nos demuestra que la inmensa mayoría de la gente del campo no se jubila, porque así lo quiere o porque lo necesita, y que muere con las katiuskas puestas. Si miramos con más detalle el informe del FEGA, el porcentaje de jubilados desciende hasta un 20% en los fondos del segundo pilar de la PAC, muchos de ellos, vinculados a la inversión y con un objetivo final, más allá de lo que uno haya podido cultivar y/o criar en años o décadas previas.

Este simple diferencial, del 20% en el segundo pilar al casi 40% del primero, nos da una pista de lo que ocurre, de la existencia de miles de agricultores que tanto cultural pero sobretodo económicamente, requieren de su actividad agrícola, por muy pequeña que resulte, para percibir las ayudas PAC y así poder complementar su paupérrima pensión, una pensión que en muchos casos ni llega al Salario Mínimo Interprofesioonal y apenas supera lo que oficialmente está reconocido como el umbral de pobreza en España. Ahondando en esta tesis, esta misma semana una organización agraria valenciana acaba de publicar un estudio que revela que la pensión media de los agricultores jubilados es un 59% más baja que la pensión media del resto de trabajadores. ¡Ahí es nada!.

Si analizamos los datos que recoge este informe del FEGA se puede llegar a comprender los recelos que albergan los responsables políticos, de todos los partidos políticos y todos los niveles administrativos, cuando ven que, cada vez que quieren focalizar los fondos comunitarios entre los perceptores que todos calificamos como profesionales, cerca de la mitad de los perceptores pueden quedarse fuera de ese reparto y que la inmensa mayoría de ellos, pensionistas, se quedarían sin ese complemento de pensiones que supone, para muchos de ellos, el cobro de la PAC y consiguientemente, ante una posible revuelta socio-electoral, optan por mantener el status-quo. Mi amigo Jorge suele referirse a este fenómeno como la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) AGRARIA y algo similar llegó a reconocer recientemente una eurodiputada popular en un debate sobre el futuro de la PAC porque lamentablemente tenemos que reconocer, que hemos tocado hueso y que tenemos sobre la mesa los síntomas de una enfermedad que no es otra que la miserable pensión que cobran nuestros agricultores al jubilarse.

Mientras tanto, con unos jubilados que se resisten a retirarse, a todos, empezando desde los políticos, burócratas y agricultores, se nos llena la boca hablando de la necesidad de promover el relevo generacional en el agro pero las cuestiones de fondo siguen sin resolverse y además, se han adoptado medidas tan perjudiciales como la eliminación de la línea de prejubilaciones que contemplaba hasta hace unos años la PAC y para más INRI, el actual reglamento contempla y/o apunta la posibilidad de establecer unos pagos anuales para compensar a aquellos agricultores mayores que cedan su explotación a algún joven pero, por lo que he podido averiguar, esta medida no se ha aplicado en ninguna Comunidad. ¿Será que ninguna de las Comunidades Autónomas necesita rejuvenecer su sector agrario o será que las arcas públicas están aún más fastidiadas que las de los agricultores jubilados a los que queremos sacar de este tinglado y que puedan, de una vez por todas, tomarse el merecido descanso?. Espero su opinión.

Xabier Iraola Agirrezabala