Envidia cochina

 

No entiendo nada, o casi nada. Lo tengo que reconocer, tanto discreta como públicamente. Para una persona de letras como yo, resulta harto imposible asimilar qué es lo que realmente está ocurriendo con la subida de la electricidad, además de otras materias primas de las que dependemos, como sociedad, para la buena marcha de la actividad económica y de nuestras vidas.

Como decía, no entiendo nada, o mejor dicho, no alcanzo a comprender la cuestión en su integridad dada su complejidad y observo perplejo, cómo este tema, también, es motivo de disputa política entre aquellos que pretenden solucionar el tema con soluciones tan populares como simplonas, aquellos otros que niegan cualquier posibilidad de intervención pública plegándose, de hecho, a los caprichos de esos pocos que controlan el mercado o aquellos otros que intentan mantener un cierto equilibrio entre ambas posturas y son tildados de mingafrías por los liberales o de serviles por esos populistas, fans de Robin Hood.

En fin, que me disperso. Lo que realmente me ha llamado la atención, estos últimos días, es el planteamiento defendido por aquellos partidos políticos que, alarmados por la insoportable subida de la electricidad para los domicilios y de aquellas industrias que por su gran consumo son calificadas como electrointensivas, al comprobar que tanto los ciudadanos se quedan sin fondos para llegar a final de mes y que las empresas, ante semejante escalada de costes, alcanzan el subsuelo del umbral de rentabilidad que les empuja, antes de generar un agujero de calibre descomunal, a paralizar la actividad con todo lo que ello conlleva en la generación de riqueza y empleo en su entorno más próximo.

Estos partidos políticos, legitima y lógicamente, alarmados por las terribles consecuencias que la situación genera en las economías domésticas y empresariales proponen cuestiones nada baladíes como la limitación de los beneficios empresariales, la fijación de precios máximos y/o modificar los sistemas de fijación de precios para, en pocas palabras, abaratar el coste de la electricidad al consumidor, doméstico y empresarial.

Es decir, según estos partidos políticos, y otra mucha gente, es lícito modificar todas las reglas de juego y todas las normativas vigentes con el loable objetivo de abaratar la electricidad, puesto que su alto precio hace peligrar la viabilidad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos. Lo curioso, y lo digo desde la envidia, tan sana como corrosiva, que me produce observar como esos mismos políticos, aferrándose al contexto europeo o a una inamovible normativa vigente, son incapaces de reaccionar ante la asfixia que viven miles de agricultores por la subida de sus materias primas (pienso, electricidad, gasóleo, etc.) mientras se rasgan las vestiduras, con razón, ante la situación generada por la subida de la electricidad.

Soy consciente que uno mira la realidad con su lupa personalizada y que yo, quizás, caiga en el error de conceder a la alimentación y por ello, a la actividad agropecuaria, un peso y protagonismo excesivos pero, una vez asumido el rol de agroagitador, creo que es más conveniente que nunca, justo ahora que el Congreso de los Diputados trabaja sobre el proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, que concedamos a la alimentación, a la producción alimentaria y al conjunto de la Cadena Alimentaria la importancia estratégica que tienen como país.

Los diputados andan de puntillas por los pasillos de San Jerónimo para no sacar ruido y acarician suavemente, escondiendo sus fieras garras con las que no tienen habituados en temas notablemente menores, con paños calientes y leves modificaciones el proyecto de Ley presentado por el Ministerio por temor a la reacción de los poderosos agentes que conforman la Cadena que no son otros que la distribución, con mayúsculas, y la industria alimentaria.

Nos dicen que la clausula que obliga a garantizar que los precios abonados cubran los costes de producción es un brindis al sol que resultará inaplicable, nos dicen que no se pueden incluir referencias claras de costes en el momento de redactar los contratos de compraventa de producto, nos dicen que la venta a pérdidas es legal y otras muchas cosas que son tan incomprensibles como inadmisibles pero ellos, los diputados, no quieren enfadar ni a la distribución ni a la industria y mucho menos, a la poderosa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que es, a la postre, la que vela por los intereses de las grandes corporaciones y defiende un ultraliberalismo que deja, a los más vulnerables, a la intemperie y sin defensa alguna.

Pues bien, valga este breve escrito de este humilde juntaletras que supura cochina envidia por la importancia que se le ha concedido al tema energético, para hacer un llamamiento a la clase política y a la sociedad en general para que, entre todos, posicionemos la cuestión alimentaria y más concretamente, la delicada, cuando no agonizante, situación que vive el sector productor en la lista de sus prioridades.

El precio de la energía eléctrica, del acero, de los fletes marítimos, de los chips, etc. son vitales para nuestra sociedad moderna pero, ¿acaso la alimentación no lo es?.

Xabier Iraola Agirrezabala