La trastienda de Maricarmen

 

Maricarmen. La ya fallecida Maricarmen nos ha dolido a todos. Verla salir de casa en la camilla, con 87 años, una gran dependencia, etc., nos ha tocado la fibra puesto que todos y cada uno de nosotros hemos visto en ella a nuestra madre o abuela. En su rostro hemos visto el reflejo del capitalismo más salvaje y, como decía, nos ha tocado la fibra.

Lamentablemente, solo nos ha preocupado; no tanto, ocupado. Y es que la solución de la problemática de la vivienda tiene multitud de aristas en un Estado donde la población se ha incrementado notablemente —5 millones más en los últimos 20 años, pasando de 45 a 50 millones de habitantes—, en una inmensa mayoría por la aportación de personas nacidas en el extranjero. A ellos hay que sumarles el crecimiento exponencial en la entrada anual de turistas internacionales, que ha pasado en los últimos 20 años de 58 millones en 2006 a los 96,8 en 2025 que, para más inri, en aproximadamente un 15 % recurren a viviendas de uso turístico que compiten con el mercado de vivienda habitual. Súmele a ambos datos que aproximadamente un 33 % de la población estatal cuenta con una segunda vivienda (entre ellas, la mía de Armintza) y que el ritmo de construcción de viviendas por año, unas 130 000, es claramente inferior a la demanda, unas 200 000. Como decía, una realidad muy compleja y muy difícil de solucionar, más aún si el problema no se afronta desde un cierto consenso social e institucional y con un esfuerzo sostenido en el tiempo que vaya más allá del calentón coyuntural.

Mientras esto ocurre, principalmente en las ciudades y áreas colindantes que padecen la presión de las personas expulsadas de las ciudades, en el Estado son cientos de municipios rurales los que languidecen, en el mejor de los casos, hasta su mínima expresión. No es inhabitual observar, a poco que se viaje por las carreteras locales de Castilla, Aragón y amplias zonas de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, etc.) —y del que tampoco escapan ni el Pirineo navarro ni comarcas de Euskadi—, pueblos y aldeas que han muerto, nunca mejor dicho, en el intento de sobrevivir a la huida de sus jóvenes hacia las ciudades. Según el INE, actualmente existen algo más de 3000 núcleos completamente abandonados y otras 1800 aldeas con un único habitante; no hay que ser el lucero del alba para adivinar la edad media de esas personas.

La baja o nula tasa de natalidad en poblaciones diminutas con una población envejecida rompe, más allá del propio sector primario, el relevo generacional en el conjunto de la población, a lo que habría que sumar un progresivo debilitamiento de la actividad agraria, cada vez más concentrada en explotaciones mayores y mecanizadas cuyo titular, en muchos casos, vive en la ciudad o cabecera de comarca. Y, además, la infernal dinámica de la pescadilla que se muerde la cola: la gente se marcha por falta de servicios y los servicios, con su marcha, se debilitan aún más y acaban, lógicamente, a falta de adaptar los ratios para mantener los servicios a la diminuta entidad, por desaparecer.

Tanto es así como decía mi amiga Marta en un artículo reciente de Agrodigital: «Gente que pide casas y casas que piden gente», una triste paradoja que se da en el país donde millones de personas que viven en las urbes tienen un gran problema para adquirir una vivienda mientras, como decía antes, miles de núcleos rurales van poco a poco apagando la luz de sus casas y, con ello, desaparecen del mapa.

Mientras tanto, las administraciones carecen de una verdadera política de ordenación territorial que ponga las bases de cómo revertir esta malvada tendencia hacia una cada vez mayor concentración de la población en las urbes y, especialmente, en las áreas costeras, vaciando el interior. Las instituciones, las sedes oficiales, las grandes corporaciones, las empresas industriales y tecnológicas, etc., se concentran en las urbes sin una política de reorientación que intente frenar la muerte de las zonas rurales de interior.

Eso sí, las zonas rurales del interior sí que aparecen en el radar de la política de ordenación territorial para aquellas actividades molestas, nocivas y peligrosas que la urbe ni las autoridades quieren cerca. Así, cada vez más, el interior se destina a ubicar los mal llamados huertos solares, los molinos, vertederos industriales, industrias peligrosas, granjas intensivas, infraestructuras energéticas, centros de datos, etc.

No se crean que no se acuerdan del mundo rural. Acordarse, claro que se acuerdan. Se acuerdan para colocar lo que ellos no quieren pero necesitan como el aire para respirar y seguir viviendo cómoda y plácidamente, como si no supiesen lo que han colocado en lo que ellos consideran su trastienda.

Una trastienda, por cierto, que no es del agrado de los pocos jóvenes que habitan en el entorno rural y que están a la espera de su oportunidad para escapar al territorio del que tampoco quería salir la llorada Maricarmen.

Xabier Iraola Agirrezabala