Temblor de piernas

La convocatoria de elecciones al Congreso y Senado para el próximo 29 de noviembre ha sacudido la vida sociopolítica del Estado: los medios de comunicación andan a toda máquina para favorecer a los propios y perjudicar a los contrarios, las empresas de encuestas haciendo el agosto, los gurús de la cosa como estrellas de las tertulias y el pópulo —el de a pie, como usted y yo— viendo el pim-pam-pum como meros observadores.

Tezanos, el jefazo del CIS, ya ha publicado su última encuesta, con unos datos sorprendentemente buenos para el PSOE y llevando la contraria —como aquel conductor del chiste que iba en dirección contraria por la autopista— al resto de encuestas, que dan por segura la victoria del bloque de la derecha. Pues bien, fijándonos en la profesión de las personas encuestadas por el CIS, podemos observar que entre los agricultores y gentes del sector primario es el PP, con un 47 %, el partido mayoritario, seguido por el PSOE con un 23 % y VOX con un 20 %. O sea, el bloque de las derechas alcanzaría el 67 %. Ahí es nada.

Creo no equivocarme, viendo el escaso número de encuestas realizadas en las comunidades autónomas con arraigo nacionalista, al pensar que estos datos generales difieren muy mucho de lo que ocurriría si se hiciese algún estudio similar en estas comunidades donde, en mi humilde opinión (al menos en Euskadi), las fuerzas nacionalistas, EAJ-PNV y EH Bildu, son franca mayoría. Ahora bien, teniendo en cuenta el amplio número de lectores que este juntaletras tiene en todo el territorio peninsular, no desprecien los datos generales referidos al Estado.

Por otra parte, si bien hace unos días el tema central de la campaña parecía ser la vivienda, en esta semana el tema estrella es el futuro de las pensiones, y observamos cómo el presidente Pedro Sánchez se erige en el mayor defensor del futuro del sistema público de pensiones mientras la derecha, tras unas iniciales meteduras de pata, corrige y se esfuerza en tranquilizar a los millones de jubilados, y la extrema derecha no sabe cómo sacar la pata de su repipi diputado Figaredo.

Ahora bien, no se crea que los jubilados son solo objeto de la diana electoral, puesto que son, igualmente, objeto de un gran debate sobre si un agricultor, una vez jubilado, debe o no seguir pudiendo percibir las ayudas directas de la PAC. Los documentos sobre la nueva PAC para el periodo 2028-2034 apuntan al año 2032 como último plazo para que los jubilados puedan seguir percibiendo las ayudas, si bien es cierto que, en los últimos papeles, se deja en manos de cada Estado la potestad de sacar a los jubilados del reparto de la tarta de las ayudas.

No se crea que es menor la cuestión, porque si nos fijamos en los datos del informe FEGA correspondientes al año 2025, podemos comprobar que un 40 % de los perceptores está jubilado, que perciben un 26 % del total de las ayudas directas y que la media por beneficiario jubilado es de 4.453 euros, frente a los 6.777 de la media global; o sea, un 35 % menos. Conviene, por otra parte, no olvidar que en el año 2032 habrá un importante número de personas que pasarán del grupo inmediatamente menor a los 65 años, con lo que, previsiblemente, el problema (o la cuestión) será aún mayor.

Como decía, el debate sobre la cuestión está muy pero que muy caliente. Muchos de los principales estudiosos de la materia recogen sus opiniones en la Plataforma Tierra de Cajamar y a los políticos —imagino que independientemente de lo que los datos señalan— les tiemblan las piernas por la trascendencia que dicha decisión (la de dejar fuera a los jubilados) pueda tener en su suerte electoral.

Partamos de la base de que el número de agricultores en edad de estar jubilados no refleja, ni de lejos, el número de agricultores que han abandonado la actividad o sus tierras, puesto que una gran mayoría de ellos únicamente abandona la actividad cuando la falta de salud se lo obliga.

Sigamos estimando que la permanencia de este 40 % de perceptores ya jubilados dentro del sistema de la PAC dificulta la entrada de jóvenes al sistema, bien por la retención de tierras en sus manos, bien por la retención de los derechos de ayudas.

Finalicemos con una obviedad: más allá del apego que estas personas mayores puedan tener a la actividad, a sus tierras y a su ganado, no es menos cierto que muchos de ellos siguen aferrados a la explotación por las bajas pensiones de jubilación que perciben (aproximadamente unos 700 euros/mes) y la necesidad de complementarlas con los ingresos de la actividad.

Como comprenderá, estimado lector, la base de la solución al problema radica en la mejora de las pensiones de los agricultores autónomos, cuyas cotizaciones optativas están totalmente condicionadas por la escasa rentabilidad de la propia actividad. Eso sí, imagino que la mejora de las pensiones agrícolas será una tarea gigantesca que necesitaría de un consenso político que, viendo la polarización dominante, se me antoja harto difícil.

A lo dicho: bien sea por la inaplazable mejora del sistema de pensiones para los agricultores, bien sea por la espinosa decisión de excluir a los jubilados de la PAC, la cuestión es que los políticos, tarde o temprano, deberán pasar un mal rato y sufrir su correspondiente temblor de piernas.

Xabier Iraola Agirrezabala